Decenas de alumnos obtuvieron un título de máster en Derecho sin apenas haber asistido a clase en la Universidad de Agadir (550 kilómetros al sur de Rabat), en uno de los mayores escándalos registrados en el sistema de enseñanza superior de Marruecos. De forma inusual y a un año de la celebración de las próximas elecciones legislativas, la prensa local está aireando con insólitos detalles un caso de corrupción que conmueve a la sociedad civil mientras las redes sociales arden con indignación. El caso de la venta de títulos en el campus de Agadir, con unos 200.000 alumnos matriculados, ha emergido finalmente ante la justicia tras sucesivas denuncias por abuso de poder archivadas sistemáticamente durante los dos últimos años.
La trama gira en torno al profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales Ahmed Kaillech, exmilitante del partido Unión Constitucional, fuerza política en la órbita de la monarquía. Como director del máster Sistema Penal y Gobernanza sobre Seguridad está acusado de haber entregado diplomas a cambio de dinero o de gestiones en su favor en expedientes públicos o negocios inmobiliarios. Fue detenido el pasado 13 de mayo y permanece desde entonces ingresado en una cárcel de Marraquech.
Su esposa, abogada en ejercicio en Agadir, y su hijo, pasante en un bufete, están siendo investigados por el juez, que ha ordenado que se les retire el pasaporte. Sobre el profesor también pesa el cargo de haber apartado del máster a alumnos con alta puntuación académica en beneficio de otros estudiantes —algunos de ellos, hijos de personas influyentes— que le pagaron en mano para garantizarse una plaza, de acuerdo con informaciones de la prensa marroquí. El Ministerio de Enseñanza Superior ha abierto una investigación en la Universidad de Agadir sobre la llamada “mafia académica”.
Entre los alumnos del máster, figuran altos cargos políticos, magistrados y abogados, así como graduados que presentaron el diploma para acceder mediante concurso a puestos en la Administración o acumular méritos en la obtención de un doctorado, según listas académicas difundidas a través de las redes sociales, en las que no están identificados.
La Instancia Nacional de Probidad, Prevención y Lucha contra la Corrupción, un organismo constitucional que se ha personado en el caso de la Universidad de Agadir, ratifica en su último informe (2023) que la generalización de la corrupción sigue siendo preocupante en Marruecos, y se ha convertido en un problema estructural. El país norteafricano alcanza una puntuación de 38 sobre 100 en el denominado Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, lo que representa una caída de cinco puntos en cinco años. En la clasificación mundial de Transparencia Internacional, ha caído desde el puesto 73º en 2018 al 97º en 2023, en una lista de 180 países.
Según un informe del organismo oficial marroquí, el 72% de los ciudadanos reconoce que las prácticas fraudulentas están muy extendidas. Sus estimaciones apuntan a que la corrupción devora cada año un 5% del producto interior bruto. Se produjo una relativa mejora de posiciones durante el decenio de gobiernos (2011-2021) encabezados por el Partido de la Justicia y el Desarrollo, islamista moderado. El desplome en la clasificación global de probidad pública ha coincidido con el mandato del Gobierno de coalición dirigido por el conservador Aziz Ajanuch, cuya familia está considerada la segunda más rica de Marruecos, tras la familia real.
Campus saturados
Interpelado por la oposición en el Parlamento, el primer ministro Ajanuch se ha limitado a alegar que el caso “está en manos de la justicia”, para evitar pronunciarse sobre el escándalo universitario. El jefe de Gobierno sostuvo ante la Cámara de Representantes que el sistema de enseñanza superior se encuentra colapsado, con apenas una docena de universidades públicas (frente al medio centenar con el que cuentan países como España, con una población un 20% más elevada). “Hay que repensar en profundidad la oferta universitaria (…) en una situación que genera un atasco [académico] y perjudica la calidad de la enseñanza”, ha advertido Ajanuch, citado por Tel Quel.
En el mismo semanario, el politólogo Abdelá Turabi recuerda el escándalo de asignaturas aprobadas a cambio de sexo que sacudió en 2021 el campus de Settat (150 kilómetros al sur de Rabat) para constatar un diagnóstico de “pobre y enferma” sobre la universidad en Marruecos. “Las facultades se han convertido en guarderías para adultos, en viveros de futuros desempleados, y uno de cada dos alumnos deja las aulas sin haber obtenido un título”, lamenta.
Que se aireen en la prensa los casos de corrupción a la vista de la opinión pública resulta poco habitual en Marruecos. El testimonio ante la justicia del narcotraficante maliense Ahmed Ben Brahim, apodado el Pablo Escobar del Sáhara, que acusó desde una cárcel de Casablanca a antiguos cómplices y testaferros marroquíes de haberle usurpado sus bienes, condujo el año pasado a la detención de 25 sospechosos. Una de las mayores operaciones anticorrupción en el país magrebí, también llevó a la apertura de un macroproceso judicial que los medios de comunicación siguen de cerca. Entre los encausados figuran altos cargos del Partido Autenticidad y Modernidad, integrado en el Gobierno de coalición, vinculados a la construcción y las obras públicas y al mundo del fútbol, así como agentes de las fuerzas de seguridad, funcionarios y juristas.
Yussef Chieb, profesor de origen marroquí de la Universidad de la Sorbona-París Norte, lamenta en una tribuna publicada por el digital Le Collimateur que “la universidad, que debe ser un espejo moral del Estado, se entregue al dinero”. “Me indigno contra esta maldición que golpea nuestro país”, concluye. “La corrupción en la Universidad de Agadir es el árbol que oculta el bosque”.
