La Administración de Donald Trump anunció este miércoles que ha comunicado a las autoridades de la universidad neoyorquina de Columbia que su credencial para operar como centro educativo está en cuestión. El motivo aducido por Washington es una supuesta violación del Título VI de la Ley de los Derechos Civiles, de 1964, que prohíbe a las instituciones que reciben dinero federal que discriminen por motivos étnicos o de procedencia en sus actividades.
Se creó para combatir el racismo contra la comunidad afroamericana y para poner fin a la era de la segregación. El Gobierno estadounidense lo invoca ahora porque considera que Columbia ha actuado con “deliberada indiferencia ante el acoso a los estudiantes judíos” durante las protestas propalestinas en el campus de Manhattan.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, señaló este miércoles en un comunicado “el ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023″ como el inicio de la negligencia de la que acusa a Columbia.
Esa “indiferencia”, continúa McMahon, “no solo es inmoral, sino también ilegal”. “Quienes dan las licencias tienen una enorme responsabilidad pública como guardianes de la ayuda federal para los estudiantes. (…) Esperamos que Columbia cumpla con los estándares de acreditación, incluyendo el cumplimiento de las leyes federales de derechos civiles”.
Desde el inicio de la guerra de Israel en Gaza, Columbia ha tenido tres presidentas diferentes. Es una de las universidades con mayor porcentaje de alumnos judíos de Estados Unidos. Fue el símbolo de las protestas propalestinas en los campus del curso pasado y el blanco de las críticas desde la derecha por tolerar el antisemitismo. También, de la represión policial para sofocar esas manifestaciones.
En marzo, el Gobierno congeló 400 millones en fondos federales para la investigación y envió agentes de migración para detener a estudiantes activistas, el más famoso de los cuales, Mahmoud Khalil, aún sigue entre rejas. A la universidad no le ha servido de mucho haber aceptado exigencias como el endurecimiento de las reglas para manifestarse, la prohibición del uso de mascarillas en el campus o la supervisión de agentes externos del Estudios de Oriente Medio, Asia Meridional y África, así como del prestigioso Centro de Estudios Palestinos.
La resistencia de Harvard
Esas concesiones se interpretaron en el mundo académico estadounidense como una capitulación de Columbia, frente a la actitud resistente de Harvard, que ha recibido recortes de la Administración de Trump por valor de más de tres mill millones de dólares y ha demandado en dos ocasiones al Gobierno. La última de esas veces fue cuando Washington decretó la prohibición de la potestad de la universidad de admitir estudiantes extranjeros.
Una jueza federal de Boston dio la razón a Harvard y dejó en suspenso hasta nuevo aviso la revocación del programa de intercambio de la universidad.
El pasado 8 de mayo, después de que Columbia aceptase pasar por el aro con las exigencias de Trump, la policía de Nueva York entró por última vez en el campus y arrestó a decenas de manifestantes propalestinos que ocuparon parte de la biblioteca principal de la Universidad de Columbia en una protesta que desafió las prohibiciones de la Administración de Donald Trump sobre este tipo de acciones contra la guerra de Israel en Gaza.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que revisaría el estatus de los visados de los arrestados extranjeros. No estuvo claro cuántos de los detenidos, unas 70 personas en total, son ciudadanos estadounidenses y cuántos estudiantes extranjeros en Columbia.