La Cámara de Diputados ha aprobado en lo general la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la producción, distribución y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La modificación, que ha salido adelante con 324 votos a favor y 129 en contra de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y una parte del Partido Ecologista Verde de México, contempla sanciones de uno a ocho años de cárcel y multas de hasta 226.000 pesos para quienes adquieran, fabriquen, almacenen, transporten o comercialicen vapeadores con fines de lucro.
El punto más controvertido desde que Pedro Zenteno (Morena), presidente de la Comisión de Salud, lanzó la iniciativa, ha sido el de las sanciones penales, pues el bloque de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano ha reclamado que la reforma supone una criminalización a los consumidores. Ante las críticas, Morena ha anunciado que añadirá una reserva para aclarar que los usuarios no serán sancionados. La Comisión advierte de que la venta de estos aparatos, muchos de ellos importados de manera irregular, ha ido en aumento impulsada por campañas que los presentan como herramientas para dejar de fumar, en un discurso que confunde especialmente a los adolescentes, los principales consumidores de estos productos. “El propósito es proteger a la niñez y juventud frente a productos nocivos”, ha resaltado Zenteno, quien asegura que estos productos “han explotado vacíos regulatorios y se han dirigido a niños, niñas y adolescentes con diseños atractivos y publicidad engañosa que sugiere inocuidad”.
En el debate de más de tres horas, algunos legisladores de la oposición subieron a tribuna con vapeadores encendidos y letreros con leyendas como “Morena quiere meter a los jóvenes a la cárcel”, mientras acusaban al Gobierno de promover una ley que puede incitar un mercado negro. “La reforma más prohibicionista, autoritaria y absurda que este país ha visto en décadas”, ha dicho Irais Reyes de Movimiento Ciudadano. “¿En qué mundo vapear es más peligroso que golpear, humillar o portar armas?”, ha reclamado. “La salud de la juventud no está en venta”, ha zanjado Zenteno.
Desde el PRI, la diputada Ana Isabel González ha señalado que la ley “no solo prohíbe la venta, sino el consumo y la posesión”, y alertó que abrirá la puerta a abusos por parte de las autoridades. “Tengan cuidado con lo que votan, un muchacho con un vapeador en la mochila puede ser extorsionado o detenido”, ha insistido Rubén Moreira, quien pidió revisar el alcance de las sanciones “reflexionen el tipo penal que está ahí porque tal vez no es lo que ustedes quieren, pero es lo que se va a interpretar. En ministerios públicos y en policías que capturen a un muchacho lo van a encuadrar, por lo menos para la extorsión y quitarle una lanita”, ha agregado.
La oposición también ha reclamado que el texto, que supera las 800 páginas, no incluye un diálogo con especialistas. “No escucharon a nadie, ni expertos ni pacientes”, ha reprochado. La iniciativa recoge investigaciones que alertan sobre los efectos de sus componentes, entre los que pueden estar el níquel, plomo, cadmio y compuestos asociados a inflamación crónica y disfunción pulmonar. “A mí me preocupan los niños. Imagínense ustedes a niños de ocho o nueve años ya haciendo uso de este letal artículo de consumo, porque sí es letal”, ha defendido Ricardo Monreal, y ha aclarado: “La ley tiene un espíritu de prevenir antes que castigar”.
Desde que se impulsó la prohibición de su venta tres años atrás, se han incrementado las campañas para defender su consumo. También han surgido activistas e iniciativas como México y el Mundo Vapeando, que argumentan que la prohibición es contraproducente y alimenta la crisis de tabaquismo. El pasado junio un grupo de activistas organizó una protesta con mariachis frente al Senado, donde exigió “estrategias de reducción de daños que permitan proteger la salud pública y los derechos de millones de mexicanos”.
Pese a la polémica, Morena y sus aliados han aprobado el paquete, que también incluye otras reconfiguraciones, como la solicitud de Sheinbaum de fortalecer las facultades de la Secretaría de Salud en la compra consolidada de medicamentos y la contratación de equipo médico de alta tecnología. Abarca además disposiciones para combatir el tráfico de precursores químicos que se utilizan en la fabricación del fentanilo, así como nuevas reglas para el control de sustancias peligrosas. La combinación también ha sido criticada por la oposición, pues han señalado que el documento “empaqueta” temas sin relación entre sí para acelerar la aprobación. Morena defendió que todas las iniciativas forman parte de “una estrategia integral de salud”. El dictamen pasará ahora al Senado.
