En una nueva vuelta de tuerca que endurece aún más la política migratoria de la Unión Europea y la desplaza fuera de sus fronteras, la Comisión ha planteado facilitar las deportaciones de solicitantes de asilo. El Ejecutivo comunitario ha propuesto eliminar el requisito que impide a los Estados miembros deportar a demandantes de asilo a países con los que no tengan ningún vínculo (es decir, que no sean los territorios de los que proceden los extranjeros). Si los Estados consideran que un país con el que lleguen a un acuerdo cumple las condiciones de lo que se considera “tercer país seguro”, podrán enviar allí a los migrantes a los que les hayan rechazado la solicitud de asilo. Tras la propuesta resuena el eco de intentos de países como el Reino Unido de enviar a demandantes de asilo a Ruanda, o de Italia a Albania.
La derechización de Europa se traduce en un endurecimiento a paso acelerado del proceso para solicitar asilo. Olivia Sundberg Diez, de Amnistía Internacional, ha considerado la propuesta planteada por el Ejecutivo comunitario como “otro intento cínico de eludir las responsabilidades de la UE en materia de protección de refugiados, trasladándolas a países con menos recursos y menos capacidad para ofrecer una protección duradera”.
“Enviar a personas a países con los que no tienen ninguna conexión, ningún apoyo ni perspectivas, o por los que pueden haber transitado solo brevemente, no solo es caótico y arbitrario, sino también devastador a nivel humano”, ha incidido la experta en migración y asilo de la organización en un comunicado.
El Ejecutivo comunitario se defiende de las críticas argumentando que el concepto de “tercer país seguro” ya existe en el derecho internacional y comunitario. Lo que hace ahora es facilitar a los Estados miembros el encaje de las deportaciones: valdrá con que el migrante haya pasado por ese tercer país antes de llegar a la UE. Pero incluso si no ha habido tránsito por ese territorio, un Estado miembro puede llegar a acuerdos con cualquier país que cumpla los requisitos establecidos y expulsar allí a los demandantes de asilo rechazados.
En marzo del año pasado, la entonces comisaria de Interior, Ylva Johansson, rechazó cualquier propuesta como la que ha presentado este martes la Comisión. Preguntada sobre si la UE se planteaba reformar el derecho de asilo para aplicar medidas como las de Reino Unido con Ruanda, Johansson respondió: “¿Debemos expulsar a un tercer país a las personas que están en el territorio de la UE solicitando asilo? Mi respuesta es no. [No estamos] abiertos a eso en el Pacto [migratorio]“.
La Comisión argumenta un año después, con mandato renovado, que su propuesta “acelerará los procesos de asilo”, a la vez que preservará “las garantías jurídicas de los solicitantes”. Esa aceleración de los procesos de la que habla el Ejecutivo comunitario significa una expulsión más rápida. “Para reducir los retrasos procesales y evitar abusos”, la Comisión propone que “los recursos contra las decisiones de inadmisibilidad basadas en el concepto de tercer país seguro dejen de tener efecto suspensivo automático”.
Bruselas no redactará una lista de lo que considera países seguros. Lo deja en manos de los Estados miembros, aunque les impone una serie de requisitos, como que el país respete el principio de no devolución a países no seguros, que la persona no corra peligro por cuestiones de sexo, raza o religión, y que tenga acceso a una protección efectiva. También deberá garantizar al solicitante de asilo acceso a la educación, sanidad, unas condiciones de alojamiento dignas —no se especifica si en centros de acogida, en campamento o en viviendas— y la posibilidad de contar con asesoramiento legal gratuito sobre su solicitud.
El Ejecutivo comunitario asegura que hará un seguimiento en los países a los que se envíen a los migrantes para garantizar “el respeto de los derechos fundamentales”. La propuesta también exige a los Estados miembros que informen a la Comisión y al resto de miembros de la UE antes de cerrar acuerdos con terceros países.
La propuesta —que deberá obtener el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, donde se sientan los 27 Estados miembros—, forma parte del pacto migratorio que la UE adoptó en 2023, y cuya entrada en vigor está prevista para 2026.
La inmigración, objetivo frecuente de ataque de la extrema derecha, se ha convertido también en el foco de los partidos del centro del espectro político. En una UE que ha virado a la derecha, la política migratoria de la Comisión da cuenta de ese giro conservador.
En marzo el Ejecutivo comunitario avaló la legalidad de los campos deportación de migrantes fuera de la Unión Europea. En abril, propuso una lista de países que consideraba seguros en los que incluía a Marruecos o Túnez, pese al deterioro de los derechos humanos allí.
Magnus Brunner, comisario de Asuntos de Interior y Migración, ha manifestado: “El concepto revisado de tercer país seguro es otra herramienta para ayudar a los Estados miembros a tramitar las solicitudes de asilo de manera más eficiente, respetando plenamente los valores y derechos fundamentales de la UE”.
