Donald Trump enfureció el miércoles en la Casa Blanca cuando le preguntaron por lo que en Wall Street han bautizado como la estrategia TACO. Consiste en invertir con la premisa de que, en materia de aranceles, Trump Always Chickens Out (Trump siempre se acobarda), es decir, acaba dando marcha atrás a sus medidas y amenazas más radicales, como los aranceles del 145% a China o los del 50% a la Unión Europea, entre muchos otros. Horas después de decir a la periodista de la CNBC que le parecía una pregunta “repugnante” y pedirle que nunca volviera a decir eso, fue el Tribunal de Comercio Internacional el que con una sentencia contundente sobre los aranceles hizo saltar por los aires la estrategia de guerra comercial de Trump.
Los tres jueces del tribunal federal con jurisdicción sobre el comercio (uno de ellos nombrado por el propio Trump) sentenciaron por unanimidad que Trump se saltó la ley y la Constitución con sus aranceles mundiales y recíprocos a todo el mundo y con los impuestos a México, Canadá y China bajo el pretexto del fentanilo y la inmigración. Es el mayor de los múltiples varapalos judiciales que sufre el presidente desde su regreso a la Casa Blanca. El Gobierno de Trump ya ha notificado que recurrirá la sentencia, aunque aún no lo ha hecho.
Trump vulneró la separación de poderes al invadir las competencias del Congreso haciendo uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) para poner y quitar a su capricho aranceles ilimitados a los productos de casi todos los países del mundo, según la sentencia. “El tribunal no interpreta que la IEEPA confiera tal autoridad ilimitada y anula los aranceles impugnados impuestos en virtud de la misma”, sentenciaron los jueces, que anulan los decretos con que Trump dictó los aranceles y prohíben permanentemente su aplicación.
La declaración de nulidad de los decretos arancelarios impugnados tiene eficacia inmediata, pero el tribunal da un plazo de 10 días para que se dicten las órdenes administrativas necesarias para hacer efectiva su decisión. No queda claro con ello si el Gobierno seguirá intentando aplicar las tasas ilegales durante ese plazo.
Trump cuenta con otras facultades legales a las que puede recurrir para imponer aranceles. Sin embargo, ninguna de ellas le otorgaría poderes tan amplios como los que invocó en virtud de la IEEPA. La sentencia deja claro que no se pueden invocar esos poderes de emergencia a los que recurrió para aplicar aranceles como estrategia de presión.
Una ley de 1974 otorga a los presidentes la facultad de imponer aranceles de hasta el 15% durante un máximo de 150 días, aunque solo en caso de crisis de la balanza de pagos, lo que Trump podría no querer declarar dada la actual situación de nerviosismo de los mercados de bonos. El equipo de Trump ha señalado que no piensa por ahora buscar otra fórmula, sino que tratará de que se revoque la decisión del tribunal.
Trump también podría invocar otras facultades para imponer aranceles a sectores o países concretos, como ya hizo en su primer mandato. En los últimos meses, ya ha recurrido a sus poderes en materia de seguridad nacional para imponer aranceles al acero, el aluminio y los automóviles importados (que se mantienen en vigor), y ha iniciado otras investigaciones relacionadas con productos como los productos farmacéuticos, el cobre, la madera y los minerales críticos.
“Daño irreparable”
Aun así, el propio Gobierno de Trump reconoce que la anulación de los aranceles parte por el eje su estrategia de presión, según señala en una solicitud de suspensión cautelar de aplicación de la sentencia presentada ante el propio Tribunal de Comercio Internacional.
“Es fundamental, para la seguridad nacional del país y para la gestión de los delicados esfuerzos diplomáticos que está llevando a cabo el presidente, que el Tribunal suspenda su sentencia”, dice la petición, alegando que el perjuicio “a la gestión de los asuntos exteriores no podría ser mayor”.
El escrito cita las declaraciones al respecto de varios miembros del Gabinete de Donald Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, considera que la aplicación de la sentencia “causaría un daño significativo e irreparable a la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos” y “amenazaría los intereses estratégicos más amplios de Estados Unidos a nivel internacional”.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirma que la decisión del Tribunal provocará un “escenario catastrófico para la política exterior”. Según el secretario de Comercio, Howard Lutnick, “destruiría” un acuerdo cuidadosamente negociado con China y “perturbaría gravemente la coordinación del Departamento de Comercio de las medidas económicas relacionadas con la política exterior en nombre del presidente”.
Además, amenazaría con “romper las negociaciones con docenas de países” y crearía un riesgo inmediato de que los socios comerciales de Estados Unidos “se sintieran con una renovada audacia para aprovechar” una supuesta “nueva vulnerabilidad” tomando represalias contra Estados Unidos, según advierte el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Eso es lo que le dice el Gobierno de Trump al tribunal en su petición de suspensión cautelar. En declaraciones a la cadena de negocios conservadora Fox Business, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, ha restado algo de importancia a la sentencia: “Estoy seguro de que, cuando apelemos, esta decisión será revocada”, afirmó. “Sin duda, no va a afectar a las negociaciones. Porque, al final, la gente sabe que el presidente Trump va totalmente en serio y también ha visto que el presidente Trump siempre gana”, añadió.
