La ceremonia de graduación de Harvard, celebrada este jueves en Cambridge (Massachusetts), estuvo irremediablemente teñida por el ataque de la Administración de Donald Trump a la universidad más antigua y una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Mientras sus alumnos, vestidos con toga y birrete negros, le brindaban una ovación de un minuto al rector, Alan Garber, símbolo de la resistencia de la institución académica contra la Casa Blanca, la jueza Allison Burroughs ampliaba en un tribunal federal de la cercana Boston el bloqueo del último motivo de enfrentamiento entre ambos rivales: el plan de Trump de prohibir a Harvard la admisión de estudiantes extranjeros.
Burroughs ya había decidido el viernes pasado una suspensión cautelar de esa orden del Gobierno, que había llegado el día anterior por carta. En ella, Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS son sus siglas en inglés), comunicaba a la universidad la suspensión de su programa de intercambio con el pretexto, entre otros, de que el antisemitismo está fuera de control en el campus en mitad de la brutal campaña militar de Israel en Gaza. La decisión dejaba, “con efecto inmediato, a 6.800 estudiantes e investigadores internacionales (un 27% del total del alumnado) en un limbo legal y con dos opciones: buscarse otra universidad o arriesgarse a ser deportados.
La jueza emplazó a ambas partes a una vista para este jueves en la que pudiera decidir cómo actuar a continuación. Y Burroughs se mantuvo del lado de Harvard, cuyos abogados argumentaron que la orden de la Administración de Trump es una represalia y está “motivada políticamente”. “Quiero mantener el statu quo”, dijo la magistrada. “La gente está aterrorizada”. Burroughs defendió su medida ―“que no necesita ser draconiana”, apuntó― y advirtió que la iba a redactar “de manera que pueda estar segura de que nada cambiará”.
Poco antes de la audiencia, la Administración de Trump anunció la decisión, que se interpretó como una maniobra de dilación, de que daba a Harvard 30 días para responder con pruebas que demuestren por qué el Gobierno no debería cumplir su amenaza de prohibirle la admisión de estudiantes internacionales.
El acoso de la Casa Blanca a Harvard tiene que ver con las protestas propalestinas que en el curso pasado tomaron los campus de universidades por todo el país. En su carta, Noem acusaba a la institución de “fomentar la violencia y el antisemitismo” y de “colaborar con el Partido Comunista Chino (PCCh)”. La institución ha admitido que el antisemitismo es un problema, como lo es el sentimiento antimusulmán, y el rector Garber se comprometió el mes pasado a “hacer más por combatirlo”.
En cuanto a la acusación sobre los vínculos chinos, el secretario de Estado, Marco Rubio, anuncio el miércoles que Washington que “revocará agresivamente” los visados de los alumnos venidos del país asiático, potencia rival de Estados Unidos, “incluidos aquellos con vínculos con el PCCh o que estudian en campos críticos”.
Con los días, un nuevo argumento ha ido tomando fuerza con las declaraciones de Trump sobre el tema. El presidente escribió el lunes en su red social, Truth, que, dado que Harvard cuenta con “un 31%” de alumnos internacionales (cifra que no está claro de dónde sale), no entiende por qué solo Estados Unidos contribuye a su financiación, y no el resto de los países.
Entre quienes aprueban su cruzada contra la universidad se suman también a la idea de que el hueco que pueda dejar la espantada de alumnos internacionales sea cubierto por estadounidenses. Y en eso, el cálculo político de Trump parece acertado: el elitismo de instituciones como esa puede resultar antipático para muchos de los así llamados “americanos medios”, que fueron los que lo llevaron de vuelta a la Casa Blanca en las últimas elecciones.
El martes, la Administración de Trump dio la orden una decena de sus agencias de acabar con los contratos federales con Harvard en una carta que primaba otro argumento: la universidad “continúa incurriendo en discriminación racial, tanto en su proceso de admisión como en otras áreas de la vida estudiantil”. Según el Gobierno, el centro educativo mantiene políticas que benefician a grupos como los afroamericanos y los hispanos, frente a los blancos y los asiáticos, tanto en la selección de alumnos como de profesores.
El final de esos contratos supone un golpe económico de 100 millones a Harvard, cuyo fondo de reserva patrimonial asciende a 53.000 millones de dólares, lo que la convierte en la universidad más rica del mundo. El recorte se suma a otros decretados desde que empezaron los ataques desde Washington a la élite de la educación superior estadounidense y que ya superan los 3.000 millones.
A la ceremonia de graduación acudieron este jueves unos 9.000 alumnos, muchos de los cuales portaban mensajes de protesta contra Trump y de solidaridad con sus compañeros extranjeros.
Un estudiante de último año llamado Thor Reinman arrancó los aplausos del público cuando fue su turno de hablar. “Dejamos un campus muy diferente a aquel en el que ingresamos [al principio del curso], con Harvard en el centro de una batalla nacional por la educación superior en Estados Unidos. Nuestra universidad es ciertamente imperfecta, pero me enorgullezco de nuestra promoción, de nuestro profesorado y de nuestro presidente, por la convicción compartida de que este proyecto continuo de ‘veritas’ vale la pena defenderlo”, declaró Reimann. Se refería al lema de Harvard, ‘Veritas’; verdad, en latín.
