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Un grupo de iglesias, junto a una organización sin fines de lucro y un grupo interreligioso, presentó una demanda contra la administración Trump por permitir redadas migratorias en lugares de culto.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito para el Distrito de Oregón, División de Eugene, y acusa a la administración de violar los derechos de las iglesias amparados por la Primera Enmienda.
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“La política federal de larga data, tanto bajo administraciones republicanas como demócratas, ha afirmado consistentemente la importancia de proteger los refugios —como lugares de culto, escuelas, clínicas de salud, servicios sociales y organizaciones comunitarias, y otros lugares públicos donde se reúnen adultos y niños— de las actividades de control migratorio, excepto en circunstancias limitadas”, declara la demanda.
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“La política de los demandados es inconstitucional e ilegal. Viola la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa y la Ley de Procedimiento Administrativo. Perjudica la misión de las organizaciones demandantes, sus actividades principales y a sus electores”, agrega.
Los demandantes incluyen la Iglesia Luterana Augustana de Portland, Oregon; la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de San Diego, California; la Iglesia Presbiteriana Westminster de Gainesville, Florida; Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste de Woodburn, Oregon; y el Consejo Interreligioso de San Francisco, California.
Los demandados nombrados incluyen al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), la secretaria del DHS, Kristi Noem; el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), el director interino del ICE, Todd Lyons; la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), y el comisionado interino de la CBP, Pete R. Flores.
En una declaración enviada por correo electrónico a The Christian Post, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, declaró: “Estamos protegiendo nuestras escuelas y lugares de culto al evitar que delincuentes extranjeros y pandilleros se aprovechen de estos lugares y se refugien allí, ya que sabían que las fuerzas del orden no podían entrar bajo la administración Biden”.
“La directiva del DHS otorga a nuestras fuerzas del orden la capacidad de realizar su trabajo. Nuestros agentes actúan con discreción. Necesitarían la aprobación de un supervisor secundario antes de poder tomar cualquier medida en lugares como una iglesia o una escuela. Prevemos que estos casos serán extremadamente raros”.
En enero, el DHS anunció la derogación de una política promulgada en 2011 durante la administración Obama que prohibía las operaciones de las fuerzas del orden migratorio en zonas “sensibles”, como iglesias y escuelas.
“Los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados”, declaró el DHS en enero. “La administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que usarán el sentido común”.
“La administración Biden-Harris abusó del programa de libertad condicional humanitaria al permitir indiscriminadamente la entrada de 1,5 millones de migrantes a nuestro país. Todo esto se detuvo el primer día de la administración Trump. Esta medida devolverá al programa de libertad condicional humanitaria su propósito original de examinar a los migrantes caso por caso”.
Un grupo de aproximadamente dos decenas de grupos y denominaciones religiosas presentó una denuncia contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en febrero, alegando que la derogación de la política violaba la libertad religiosa.
Sin embargo, a principios de este mes, el juez federal de distrito Dabney Friedrich, designado por Trump, falló en contra de la solicitud de una orden judicial preliminar, argumentando que este tipo de redadas en iglesias eran poco frecuentes y, por lo tanto, no representaban una carga para los demandantes.
“Desde que la derogación de la política entró en vigor hace más de 10 semanas, solo se ha llevado a cabo una acción de cumplimiento en las cientos de congregaciones de los demandantes”, escribió Friedrich.
“Los demandantes solo pueden señalar tres casos desde el 20 de enero de 2025 en los que se haya llevado a cabo alguna acción de control migratorio en o cerca de algún lugar de culto en cualquier parte del país, incluso bajo las prioridades migratorias más estrictas de la administración actual y el aumento de las medidas”.
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