El Tribunal Supremo ha comunicado en la mañana de este viernes al Congreso que el exdiputado socialista José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto, está en “prisión provisional comunicada y sin fianza” y también que esa situación no es firme y se revisará, por los recursos planteados, el próximo jueves 4 de diciembre. El Congreso ha tomado nota de esa contestación y postergará la decisión de su Mesa hasta ese día para suspenderle de esa condición de diputado.
El Congreso había enviado un oficio al Supremo para conocer exacta y oficialmente cuál era la situación procesal de Ábalos tras la vistilla de este jueves en ese tribunal en la que se cambiaron sus medidas cautelares y se decretó por el magistrado Leopoldo Puente su entrada en prisión por riesgo de fuga.
El alto tribunal ha informado este viernes del contenido del auto firmado este jueves por el juez en el que se decreta “la prisión provisional comunicada y sin fianza” para José Luis Ábalos, pero también se “pone de relieve que el auto de Procedimiento Abreviado no es firme”, al estar recurrido en apelación por la representación del exdiputado socialista, adscrito ahora al Grupo Mixto. El tribunal ha fijado para deliberar sobre ese recurso el próximo día 4 de diciembre a las 11.30.
En el Congreso se reservan hasta ese momento del próximo jueves la convocatoria de una Mesa extraordinaria, telemática o presencial, para aplicar el artículo 21 del Reglamento, que reza que “los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure esta”.
Ábalos perderá entonces sus prerrogativas como diputado, aunque seguirá conservando el acta, y desde ese momento ya no podrá votar ni participar en la actividad parlamentaria ni pertenecer a un grupo de la Cámara baja. Tampoco percibirá las retribuciones económicas; esto es, ni su sueldo general como parlamentario ni el resto de complementos. Si saliera de prisión preventiva, volvería a recuperar sus derechos. Si hubiera renunciado a su acta, como hizo en junio pasado su sucesor al frente de la secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán, su causa volvería a la Audiencia Nacional y no pondría en riesgo la percepción de la indemnización para volver a su vida anterior que contempla el Congreso y que en su caso, tras estar siete legislaturas en la Cámara, se estima que podría llegar a unos 100.000 euros.
La posición de Ábalos complica todavía más el funcionamiento de la mayoría que sostiene al Gobierno de coalición del PSOE y Sumar en el Congreso, en especial en determinadas votaciones. La Mesa tendrá que estudiar, en su momento, si al no poder contar con Ábalos cambia la mayoría de la Cámara, ahora fijada en 176 escaños de los 350 totales. Fuentes parlamentarias apuntan a esa mayoría, por ahora, no se tocaría.
