Los 12 miembros de la junta que supervisa las becas Fulbright han dimitido en protesta por lo que consideran una intromisión de la Administración de Donald Trump en el programa establecido por el Congreso hace casi 80 años como pilar no ideológico y bipartidista del poder blando de la diplomacia estadounidense, con el acento en la excelencia académica y la cooperación internacional. Generaciones de estadounidenses y de estudiantes de otros países se han beneficiado de unas becas otorgadas en función del mérito. El Gobierno de Trump, en su deriva autoritaria, está aplicando filtros ideológicos y políticos, según denuncia la junta de las Fulbright.
“La actual Administración ha usurpado la autoridad de la Junta y ha denegado las becas Fulbright a un número considerable de personas que habían sido seleccionadas para el año académico 2025-2026. La Administración también está sometiendo actualmente a otros 1.200 beneficiarios extranjeros de becas Fulbright a un proceso de revisión no autorizado y podría rechazar a más”, han señalado los miembros de la junta en un comunicado. “Creemos que estas acciones no solo contradicen el estatuto, sino que son contrarias a la misión y los valores de Fulbright, incluidos la libertad de expresión y la libertad académica, que el Congreso especificó en el estatuto”, añade la nota.
Las becas anuladas incluyen estudios en categorías como biología, ingeniería, arquitectura, agricultura, ciencias agrícolas, ciencias animales, bioquímica, ciencias médicas, música e historia.
La Oficina de Asuntos Educativos y Culturales (ECA) del Departamento de Estado administra el programa siguiendo las directrices establecidas por la Junta de Becas Fulbright para Extranjeros (FFSB), en estrecha coordinación con comisiones y fundaciones binacionales en 49 países, embajadas de Estados Unidos en más de 100 países y organismos cooperantes.
El Congreso estadounidense otorgó a la Junta la autoridad final para seleccionar a los beneficiarios, lo cual ocurre después de un proceso exhaustivo que dura un año y es dirigido por personal profesional no partidista del Departamento de Estado y las embajadas de todo el mundo. El proceso involucra a 49 comisiones binacionales basadas en tratados y más de 150 países, que contribuyen con una cantidad significativa de la financiación anual del programa Fulbright. De hecho, más de 35 gobiernos extranjeros igualan o superan la contribución anual del Gobierno de los Estados Unidos, según los miembros de la Junta.
El programa fue fundado por el senador estadounidense J. William Fulbright en 1946 y está considerado como una de las becas más prestigiosas de Estados Unidos. El programa otorga becas a aproximadamente 8.000 estudiantes, académicos, profesores, artistas y profesionales cada año procedentes de Estados Unidos y más de 160 países. Comprende unas 1.600 becas para estudiantes estadounidenses, 1.200 para académicos del país, 4.000 para estudiantes extranjeros, 900 para académicos visitantes de fuera y varios cientos para profesores y profesionales. Antiguos alumnos del programa Fulbright se han convertido en líderes del gobierno, la industria, el mundo académico, las artes y la cultura en todo el mundo.
“Este orgulloso legado ha dependido sobre todo de una cosa: la integridad del proceso de selección del programa, basado en el mérito y no en la ideología, y su aislamiento de la injerencia política. Esa integridad se ve ahora socavada”, dice el comunicado de la dimisión en bloque, que fue adelantada por The New York Times.
“Hemos planteado estas cuestiones jurídicas y nuestras firmes objeciones a altos cargos de la Administración en múltiples ocasiones, incluso por escrito. Los cargos se han negado a reconocer o responder a la Junta, sin siquiera intentar hacer un esfuerzo de buena fe para corregir el rumbo y gestionar el programa de conformidad con la ley”, denuncian.
“Nuestra dimisión no es una decisión que tomamos a la ligera. Sin embargo, seguir prestando nuestros servicios después de que la Administración haya ignorado sistemáticamente la petición de la Junta de que se respete la ley, supondría el riesgo de legitimar acciones que consideramos ilegales y dañar la integridad de este programa histórico y la credibilidad de Estados Unidos en el extranjero”, argumentan.
En su opinión, el deterioro del programa Fulbright debilita a Estados Unidos y sus intereses de seguridad nacional. “Esperamos sinceramente que el Congreso, los tribunales y las futuras juntas directivas del programa Fulbright impidan los esfuerzos de la Administración por degradar, desmantelar o incluso eliminar uno de los programas más respetados y valiosos de nuestra nación. Inyectar política y mandatos ideológicos en el programa Fulbright viola la letra y el espíritu de la ley que el Congreso estableció con tanta sabiduría hace casi ocho décadas”, concluye el comunicado.
