Brasil ha asistido este martes al duelo más esperado de los últimos tiempos, retransmitido en directo por YouTube desde el Tribunal Supremo, en Brasilia. En el banquillo de los acusados, el expresidente Jair Messias Bolsonaro, un militar de 70 años nostálgico de la dictadura acusado de liderar un intento de golpe de Estado para seguir en el poder tras perder las elecciones en 2022. Se arriesga a una condena de más de 40 años de cárcel. Enfrente, dirigiendo el interrogatorio, el juez Alexandre de Moraes, de 56 años, el togado al que el antiguo mandatario acusa de persecución política, tachado de dictador por el magnate Elon Musk, pero al que medio Brasil admira como el principal baluarte en defensa de la democracia. “Esa hipótesis del golpe no fue siquiera considerada en mi Gobierno”, ha proclamado el expresidente en un interrogatorio que ha convertido en un mitin.
A la primera pregunta del magistrado, Bolsonaro ha respondido con un largo discurso en el que ha enumerado los logros de su mandato presidencial, embarcándose en la típica guerra de narrativas en la que le gusta moverse. Bolsonaro ha intentado restar importancia a los indicios y pruebas reunidas contra él y se ha escudado en los excesos retóricos, una costumbre heredada de sus tres décadas en el Congreso.
Sí ha admitido el militar de la reserva que se reunió, tras la derrota electoral, con la cúpula de las Fuerzas Armadas en busca de opciones, pero que no encontraron la mínima base de fraude. “Discutimos posibilidades, alternativas, sin salir de las cuatro líneas de la Constitución”, pero, ha continuado el anterior mandatario, “abandonamos cualquier posibilidad de una acción constitucional y afrontamos el ocaso de nuestro Gobierno”. Y ha negado haber presionado a ninguno de los ministros o jefes militares para hacer nada ilegal.
Tras insistir en que el día del asalto a los Tres Poderes, en enero de 2023, él estaba fuera de Brasil —en concreto, en Florida, EE UU—, ha enfatizado que, “sin líder, sin Fuerzas Armadas y sin apoyo financiero, no hay golpe”. Y, a modo de ejemplo, ha recordado que en 1964 los militares tomaron el poder con apoyo de los grandes medios, la Iglesia católica, los empresarios y países extranjeros.
Bolsonaro ha salpicado sus respuestas al juez interrogador con la defensa de sus principales banderas: patria, Dios, familia, libre mercado… Ha criticado las duras penas de cárcel contra la tropa bolsonarista que tomó al asalto las sedes de la Presidencia, del Congreso y del mismo Supremo. Y, aunque se juega muchos años de prisión, hasta se ha permitido una broma, que el juez ha cortado en seco:
—Señoría, ¿me permite una broma?
—Yo que usted consultaría con sus abogados.
—Le invito para ser mi vice en 2026.
—Declino.
Más de 22.000 personas seguían en directo la retransmisión del interrogatorio, que ha durado dos horas y diez minutos. Bolsonaro ha llegado a la sede del Supremo, uno de los lugares invadidos violentamente cuando Lula llevaba una semana en el poder, con un ejemplar de la Ley Fundamental en mano. Siempre ha negado las acusaciones con el argumento de que actuó “dentro de las cuatro líneas de la Constitución”.
La sentencia contra Bolsonaro se espera antes de fin de año, para no interferir con los comicios presidenciales de 2026. El escrito de la acusación sitúa al ultraderechista como principal cabecilla de un complot golpista para aferrarse al poder y no dar el relevo al vencedor, el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 años.
El núcleo duro de la trama sopesó, según la denuncia de la Fiscalía, asesinar durante la transición a Lula, a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al propio juez Moraes, además de manejar borradores de decretos golpistas para avalar una intervención militar ilegal en una estrategia que culminó en el asalto las sedes de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023.
Otros presidentes del Brasil contemporáneo fueron juzgados antes que Bolsonaro pero fue por corrupción (las condenas contra el presidente Lula fueron anuladas por defectos de forma y él mismo protagonizó en 2017 una escena similar a la de hoy con el juez Sérgio Moro). Ninguno de los mandatarios brasileños juzgados llegó al banquillo por dirigir un plan de ruptura del orden constitucional. La Fiscalía sostiene que, si no cuajó, fue por el rechazo de los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea a sumarse a la asonada.
Bolsonaro ejerce en la actualidad el jefe de la oposición al presidente izquierdista Lula da Silva, cuya victoria electoral nunca aceptó reconocer. El antiguo capitán del ejército mantiene el carisma, y el bolsonarismo sigue siendo un movimiento político vivo, aunque su líder está inhabilitado para participar en las elecciones hasta 2030. No obstante, nadie discute que Bolsonaro es la figura central de la derecha brasileña y que, salvo sorpresa, tendrá la última palabra en la elección de la persona que se mida en las urnas cuando en 2026 Lula busque la reelección.
Los interrogatorios han propiciado el primer encuentro público entre Bolsonaro y el autor de la confesión que es la principal prueba incriminatoria contra él y sus cómplices, el coronel Mauro Cid. Como secretario personal de Bolsonaro en la Presidencia, le llevaba el teléfono móvil y ejercía de correveidile de los planes golpistas, según el escrito de acusación. Ambos intercambiaron un saludo cordial el lunes antes de que Cid declarara que tuvo conocimiento de los planes golpistas, pero que no participó. Sí confirmó las reuniones del presidente con los jefes de las Fuerzas Armadas, donde supuestamente les propuso maniobras golpistas, pero el coronal Cid enmarcó algunos de los mensajes o declaraciones incriminatorias que desveló a policías y jueces como “bravuconadas” o “charlas de bar”.
La sesión de interrogatorios, que empezó el lunes, ha deparado una escena inédita. Nunca antes generales de cuatro estrellas han sido juzgados por un tribunal civil en un país que enterró la dictadura en 1985. El primero de ellos en declarar, Augusto Heleno, ha preferido mantener silencio ante el juez instructor y solo ha respondido a su abogado.
Junto al expresidente, se sientan en el banquillo otros militares o policías: cuatro generales de la reserva, tres de los cuales lo acompañaron como ministros en el Gobierno, el cuarto dirigía la Marina, el antiguo jefe de la agencia de espionaje interno y el exministro de Justicia. Todos ellos están acusados de cinco delitos, entre ellos, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y pertenencia a organización criminal, que pueden acarrear hasta 43 años de prisión.
Bolsonaro y los otros siete acusados son juzgados por la primera sala del Supremo, compuesta por cinco togados. Uno de ellos, Flavio Dino, era ministro de Justicia de Lula el día del asalto a Brasilia, otro, Cristiano Zanin, fue el principal abogado del actual presidente, el que logró que los casos contra él fueran anulados y recuperara sus derechos políticos. Los procesados fracasaron en sus intentos de recusar a ambos o a Moraes.
