Los abogados de la Casa Blanca trabajan a toda máquina para salvar su estrategia comercial tras la sentencia del miércoles que anuló el grueso de sus aranceles. Ese mismo día, solicitaron al Tribunal de Comercio Internacional que suspendiese cautelarmente la aplicación de su fallo. Este jueves, han hecho lo propio ante un tribunal federal de Apelaciones de Washington. Y en su escrito de 124 páginas anticipan que si esos tribunales no suspenden la decisión, acudirá este mismo viernes al Tribunal Supremo para mantener en vigor sus tasas a las importaciones. El fallo supone el mayor varapalo judicial sufrido por Donald Trump en su segundo mandato como presidente.
“A falta de una medida cautelar del Tribunal [de Comercio], Estados Unidos tiene previsto solicitar mañana al Tribunal Supremo una medida de urgencia para evitar los daños irreparables que se ciernen sobre la seguridad nacional y la economía”, se indica en el escrito, que incluye múltiples anexos, presentado antes los jueces.
En su recurso, el Gobierno de Trump afirma que si se aplica la sentencia “los acuerdos exitosos que el presidente ha alcanzado con múltiples países podrían desmoronarse de inmediato”. En realidad, Trump no ha llegado a ningún acuerdo comercial todavía con ningún país. Firmó un principio de acuerdo que ambas partes reconocían como legalmente no vinculante con el Reino Unido. Y acordó con China dar marcha atrás a los aranceles que él mismo había impuesto. Eso es todo hasta ahora.
El escrito de este jueves destaca los mismos argumentos que la Administración de Trump ha esgrimido a lo largo del caso, incluyendo que los tribunales no están autorizados a cuestionar la decisión del presidente de invocar la ley de emergencia para imponer los aranceles. El Gobierno también argumenta que la interpretación de Trump de la ley debe mantenerse porque hace décadas el tribunal comercial permitió al expresidente Richard Nixon imponer aranceles con carácter de emergencia en virtud de una ley similar, aunque la sentencia analiza detalladamente ese antecedente en la argumentación y considera que avala su fallo.
El escrito solicita la suspensión cautelar de la aplicación de la sentencia, alegando que los daños que causaría “son claramente irreparables”. “En ausencia de una suspensión, incluso si este Tribunal finalmente confirma los aranceles, la orden judicial permanente del Tribunal de Comercio Internacional podría haber comprometido delicadas negociaciones internacionales urgentes, quizá de forma irremediable. Además, en ausencia de una suspensión, el Gobierno recibirá menos ingresos que no podrá recuperar si finalmente se confirman los aranceles, lo que supone otro daño irreparable”, alega.
Mayoría conservadora
El Tribunal Supremo tiene una mayoría de seis jueces conservadores frente a tres juezas progresistas. Tres de los magistrados de la mayoría fueron nombrados por el propio Trump, aunque eso no le garantiza el éxito ante su petición. La sentencia del Tribunal de Comercio Internacional fue dictada por unanimidad por tres jueces, de los que uno había sido nombrado por el propio Trump; otra, por el republicano Ronald Reagan, y el tercero, por el demócrata Barack Obama.
En su deriva autoritaria, Trump ha ido invadiendo competencias del Congreso y forzando las costuras del poder ejecutivo con múltiples decisiones que los magistrados han considerado inconstitucionales. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, el órgano jurisdiccional especializado con competencias en la materia, declaró este miércoles ilegales los aranceles generalizados a las importaciones impuestos por Trump en virtud de una ley de poderes de emergencia, señalando que el presidente se había saltado la Constitución y la ley.
La sentencia anula y deja sin efecto los impuestos del 25% a las importaciones de Canadá y México y del 20% a las de China con la excusa del fentanilo y la inmigración, y los falsos “aranceles recíprocos” a todo el mundo, anunciados el mal llamado Día de la Liberación, que se redujeron de forma generalizada al 10% después de que el presidente rectificase y concediese una tregua parcial de 90 días ante la presión de los mercados.
Los abogados preparan el recurso sobre el fondo del asunto, que todavía no han presentado. Trump guarda silencio por ahora, pero miembros de su equipo se han lanzado a atacar a los magistrados por su decisión. “Existe una tendencia preocupante y peligrosa de jueces no elegidos que se inmiscuyen en el proceso de toma de decisiones presidenciales”, afirmó en rueda de prensa este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que considera que la sentencia es un ejemplo de “extralimitación judicial” y no de extralimitación del propio Trump.
“Estados Unidos no puede funcionar si el presidente Trump, o cualquier otro presidente, ve cómo sus delicadas negociaciones diplomáticas o comerciales se ven obstaculizadas por jueces activistas. Pero, en última instancia, el Tribunal Supremo debe poner fin a esto por el bien de nuestra Constitución”, añadió Leavitt.
“Vivimos bajo una tiranía judicial”, tuiteó el jueves el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, después del fallo del miércoles por la noche. “El golpe judicial está fuera de control”, escribió también.
En declaraciones a la cadena de negocios conservadora Fox Business, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, señaló: “Estoy seguro de que, cuando apelemos, esta decisión será revocada”. “Estos jueces activistas están tratando de frenar algo en medio de negociaciones realmente importantes”.
Según Hassett, aunque Trump tiene diferentes opciones legales para aprobar nuevos aranceles, ese no es el plan actual: “No tenemos intención de hacerlo en este momento porque estamos muy, muy seguros de que esto es realmente incorrecto”, dijo. Leavitt, en cambio, ha insistido varias veces en su rueda de prensa en que Trump tiene esas otras facultades, dejando la puerta abierta a utilizarla.
La decisión de los jueces del Tribunal de Comercio Internacional —a la que se ha unido este jueves otra decisión de un juez federal de Washington en el mismo sentido— desmonta la estrategia comercial de Trump, según vienen a reconocer los propios miembros del Gabinete en la petición al tribunal para que suspenda la aplicación del fallo.
“Tan grave es lo que está en juego para la nación que cuatro miembros del Gabinete del presidente tomaron la medida extraordinaria de presentar declaraciones ante el Tribunal de Comercio Internacional antes de su fallo, en las que fundamentaban los daños inmediatos y catastróficos que se derivarían de prohibir la autoridad arancelaria del presidente”, dice el escrito de 124 páginas, contando con sus múltiples anexos.
Al igual que en la petición presentada ante el propio Tribunal de Comercio Internacional, en la solicitud registrada ante el Tribunal de Apelaciones se recuerda que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, explicó que la anulación de los aranceles “socavaría” los acuerdos recientes y “pondría en peligro las docenas de acuerdos similares”. Indica también que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, coincidió en que la sentencia “podría romper” las “negociaciones en curso con docenas de países” y animar a otros a tomar represalias contra Estados Unidos.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, temía que una orden judicial pudiera dejar a los socios comerciales libres “para distorsionar aún más las condiciones de competencia para los exportadores estadounidenses”. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió de que una orden judicial “causaría un daño significativo e irreparable a la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos”.
