Las campañas electorales avanzan a sobresaltos. La portuguesa, también. Si hace pocos días fueron los nuevos clientes de la empresa familiar del primer ministro, Luís Montenegro, los que acapararon todo el interés, en las últimas horas se habla de inmigración. Y no de la mano del líder populista, André Ventura, que siempre dispara contra la política de extranjería. Esta vez ha sido el Gobierno de la coalición conservadora Alianza Democrática (AD) el que ha removido la campaña con el anuncio de que va a notificar a 18.000 extranjeros que residen de forma irregular en el país que están obligados a abandonarlo en un plazo de 20 días.
Este es otro signo más del giro copernicano que ha dado el Ejecutivo en esta materia desde su llegada al poder, que comenzó con el endurecimiento de la política migratoria y siguió con una operación policial estrepitosa en un barrio donde decenas de inmigrantes acabaron con las manos en pared. Solo sirvió para incautar pequeñas dosis de droga, pero pasó el mensaje de que llegaban tiempos más duros para los extranjeros.
A dos semanas de la celebración de las elecciones anticipadas del próximo domingo 18 de mayo, el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, anunció el sábado que 18.000 inmigrantes recibirán el aviso para dejar el país. En realidad, nada nuevo, teniendo en cuenta que en febrero, el presidente de la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA), Pedro Gaspar, ya adelantó en una comparecencia parlamentaria que tenían previsto emitir 78.000 denegaciones de permisos de regularización de los 446.000 solicitantes pendientes de recibir una respuesta.
Para la oposición socialista, se trata de una medida que persigue competir por el electorado de Chega, el partido de ultraderecha. En el último debate televisivo antes de la campaña, el candidato del Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, le reprochó al primer ministro la apropiación “de forma propagandística del trabajo ordinario de la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo para hacer campaña política en su disputa directa con la extrema derecha”. Por su parte, Montenegro, que vuelve a presentarse al frente de la coalición conservadora, se defendió con un ataque a la herencia recibida del anterior Gobierno socialista. “No sabían quién estaba efectivamente en el país ni qué estaban haciendo. Decidieron abrir la puerta y no controlar. Lo que está ocurriendo ahora es un proceso de normalización decidido por mi Gobierno”, dijo.
Retraso en los permisos de residencia
La Administración portuguesa sufre un gran retraso en la tramitación de permisos de residencia desde hace varios años. En junio, poco después de llegar al poder, el actual Gobierno acabó con una medida excepcional que había aprobado el socialista António Costa para permitir la regularización de cualquier inmigrante llegado al país con la simple presentación de una declaración de interés. Esta norma, vigente desde 2017, convirtió a Portugal en uno de los países más abiertos a la llegada de extranjeros, una circunstancia que no celebraban en Bruselas, que vive tiempos de políticas migratorias restrictivas.
Los inmigrantes afectados por la orden de expulsión son aquellos que han visto denegadas sus solicitudes de residencia por parte de la AIMA, que pone en marcha el proceso administrativo de notificación al afectado para que marche de forma voluntaria de Portugal. En caso de no hacerlo, se pasaría a la expulsión “coercitiva”, según el ministro Leitão Amaro.
En muchos casos son extranjeros que cuentan con una prohibición de entrada o una orden de expulsión emitida en algún país del área Schengen. Es un procedimiento ordinario, que lleva realizándose a lo largo de los años y que, hasta ahora, no se había anunciado con tanta relevancia política. El país cuenta con casi 1,3 millones de extranjeros con residencia legal, que representan el 12% de la población total (10,6 millones de habitantes).
Lo cierto es que el anuncio gubernamental ha metido de lleno el tema de la inmigración en la campaña. Es un tema más cómodo para el primer ministro que otro de los asuntos estrella, la prolongación de la actividad de su empresa familiar, Spinumviva, después de llegar al cargo en la primavera de 2024, y que le convierte en blanco de las críticas de toda la oposición.
Incluso Iniciativa Liberal, el partido más condescendiente con el Gobierno conservador en otras materias, le ha recriminado su gestión de la crisis. Hace pocos días, además, se desveló la identidad de nuevos clientes de la sociedad, después de que el propio primer ministro presentase una nueva declaración a requerimiento de la Entidad de la Transparencia, lo que ha revitalizado el asunto como tema de campaña. “Quien mezcla negocios y política no puede ser primer ministro”, repitió este lunes en el debate radiofónico Pedro Nuno Santos.
